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El avance de la derecha a nivel global no es ninguna novedad. Las noticias que llegan de distintas partes del mundo muestran el surgimiento, la consolidación y hasta los triunfos electorales de personajes que se presentan frente a la sociedad con discursos y propuestas “modernas”, pero que en realidad son un reciclado de viejas políticas de ajuste, exclusión y represión.
En nuestro propio país, lo que se nos venía presentando como un desafío ya pasó a ser una amenaza. Una seria amenaza contra nuestros derechos, nuestras organizaciones y hasta incluso contra nuestra democracia. Parece mentira que cuando se cumplen 40 años ininterrumpidos de democracia en nuestro país, algunos espacios de poder todavía se dan el lujo de restringir la voluntad popular y hasta ponerla en duda.
Estos espacios de poder en el plano político están representados, por un lado, por los precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Ambos proponen una reforma laboral regresiva, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, la eliminación de las indemnizaciones y la criminalización de la protesta social. Por otro lado, el precandidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, propone dolarización y eliminación del Banco Central (BCRA), agitando discursos de odio.
Ambos espacios políticos tienen como objetivo pulverizar los derechos de las y los trabajadores. Y este objetivo común que exhiben las dos principales fuerzas de la oposición sólo puede llevarse a cabo a partir de la eliminación de las organizaciones sindicales, la persecución de los dirigentes gremiales y una feroz represión en las calles.
Con democracia,
hay voluntad popular.
Con gobiernos populares, hay Banco Nación.
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Pero estos espacios no limitan su accionar al campo político electoral. Todos los días asistimos al lawfare que lleva adelante el (partido) poder judicial, tal como sucede en nuestro país cuando proscriben dirigentes que enarbolan políticas en favor de los sectores populares. Tras el ataque a un dirigente en particular, en definitiva lo que se esconde es un intento por frenar toda clase de políticas que favorezcan a las mayorías y disciplinar al resto de la dirigencia de cara al futuro.
En consonancia con esto, el rol de los medios de comunicación constituye otro factor de poder, ya que construyen opinión en la sociedad, siempre optando por demonizar a quien tome la iniciativa en el intento por conquistar derechos para las mayorías. Los medios ejercen su presión haciendo caso a los intereses de sus dueños, que en nuestro país son quienes concentran el poder económico y, con él, incentivan escenarios catastróficos, digitando corridas bancarias, tensionando el valor del dólar y remarcando precios, con el fin principal de maximizar sus ganancias. No les importa si corre peligro la democracia o si se torna imposible para los argentinos y argentinas llegar a fin de mes.
Si a esto le sumamos la situación del sistema financiero, donde el crecimiento de las fintech, que en nombre de la digitalización y los avances tecnológicos promueve la precarización y el fraude laboral, y donde la banca internacional insiste en imponer una lógica de negocios propia de la vigente Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, con sucursales vacías, sin trabajadores ni usuarios, se termina de configurar un escenario sumamente complejo.
Todos estos embates se muestran planificados y coordinados entre los distintos actores que conforman el mapa de poder en la República Argentina.
Con sindicatos,
hay derechos.
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¿Cómo nos preparamos para lo que se viene?
Para empezar, es primordial defender la democracia como la herramienta vital para hacer valer la voluntad popular, entendiendo también que no hay democracia plena sin justicia social.
Asimismo, como trabajadores y trabajadoras tenemos la misión de defender y fortalecer las organizaciones gremiales. Año tras año nuestro sindicato nos demuestra que las paritarias son el mejor instrumento para sostener el poder adquisitivo de las y los trabajadores y los sindicatos somos la única garantía para mejorar nuestros derechos, nuestros salarios y nuestra calidad de vida.
Y en este sentido, emerge la importancia de la banca pública y del Banco Nación como eje del sistema financiero. Debemos seguir construyendo un BNA fuerte capaz de resistir los embates de aquellos que intentaron y todavía insisten en destruir a la principal entidad financiera de nuestro país. Basta con mirar los números de los balances, y el estado de situación del banco, para tomar conciencia de qué modelo de país es el que fortalece nuestro banco y cuál el que lo destruye.
Imaginemos, aunque sea por un rato, tener que afrontar un contexto de tamaña magnitud con un gobierno de derecha donde la principal discusión pase por cuántos puestos de trabajo sobrevivirán, cómo sostenemos nuestro banco y cómo defendemos nuestros derechos.